Asesinato de Simão Vilhalva

07 SET 2015
07 de Setembro de 2015
Asesinatos, persecuciones, tortura, miseria y robo de tierras indígenas es el escenario del "far west" brasilero en los días actuales, donde el poder económico dicta las reglas, e incluso decide quienes deben morir o vivir. En regiones totalmente dominadas por propietarios de grandes tierras, los cuales cuentan con mucho poder político y financiero, paramilitares se encargan de implantar el terror en comunidades indígenas, que son víctimas de sus constantes ataques. 

El joven Simão Vilhalva, de 24 años de edad, fue asesinado por paramilitares el día sábado 9 de agosto en la retomada de tierras indígenas que lleva el nombre de tekoha Ñanderu Marangatu, cerca de la hacienda "Fronteira", localizada en el municipio de Antônio João, en el Estado de Mato Grosso del Sur; varios niños también quedaron heridos.
La violenta muerte de Simão fue condenada por el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En diciembre del 2005, el indígena Dorvalino Rocha también fue asesinado en las mismas circunstancias. En agosto de este año una especialista independiente de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, pidió al Gobierno de Brasil que cumpla con garantir los derechos humanos de los pueblos indígenas Guaraní y Kaiowá, manifestando una profunda preocupación con los relatos que llegaban informando sobre la convulsionada situación de los indígenas en Mato Grosso del Sur. A pesar de los pedidos y los esfuerzos, inclusive hechos por la comunidad internacional, la violencia continua.

El asesinato de Simão y las denuncias de los ataques paramilitares tuvieron una gran repercusión en las redes sociales, con lo cual se comenzó una gran movilización nacional en defensa de los pueblos indígenas. Inclusive el propio ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo llego al estado de Mato Grosso del Sur a dialogar e intentar resolver la situación. A pesar del pacto de paz firmado con el ministro de Justicia la tarde del día 2 de setiembre, las comunidades continúan corriendo riesgo de exterminio.

Un grande líder indígena nacional , Marçal de Souzca, conocido como Marçal Tupã-i, también fue asesinado de forma brutal en 1983 en la misma región que Simão Vilhalva, en una comunidad próxima. Marçal, defensor incansable de los derechos de su pueblo, era respetado y admirado por todos; muy recordado también por haber podido hablar con el papa Juan Pablo II durante su primera visita a Brasil en 1980. Los acusados del crimen, Líbero Monteiro de Lima y Rômulo Gamarra, fueron absueltos en un juicio realizado solamente 10 años después, en 1993. La frase más recordada de Marçal Tupã fue: "Soy una persona destinada a morir, pero por una causa justo vale la pena dar la vida...". A pesar de los años que pasaron, la historia de asesinatos y violaciones de los derechos humanos se repite una vez más.


Crímenes de odio, racismo y preconcepto contra los indígenas

La ganadera y además presidenta del sindicato rural local  Roseli Maria Ruiz Silva, días antes del ataque a la tierra indígena Ñanderu Marangatu, fue responsable por propagar ideas pre conceptuosas, equivocadas y falsas al decir que los Guarani y Kaiowá podrían usar armas de fuego en la ciudad, atacando y expulsando a los que en ellas viven.

El hacendado y ex-diputado federal Pedro Pedrossian Filho, reforzando las mentiras hechas sobre la población indígena, publico el día 27 de agosto en su perfil de una conocida red social fotos de un almacén y de maquinas quemadas, afirmando que se trataba de una supuesta propiedad invadida por los indígenas. Sin embargo todo era falso, las imágenes habían sido sacadas de una materia publicada por el portal paraguayo de noticias "Itapuá en noticias",  en la cual se informaba sobre un incendio ocurrido el día 24 de agosto en una hacienda; el siniestro habría sido causado por un corto circuito.
Esta información falsa ocasiono muchos problemas, un indígena fue agredido cuando fue a abastecer su moto a un puesto de gasolina, todo debido a las mentiras que forman parte de una gran campaña difamatoria en contra de los pueblos indígenas. El objetivo de estas mentiras es el de colocar a los habitantes de la ciudad contra el pueblo indígena.

Los crímenes motivados por pre concepto en contra de ciertos grupos (casi siempre minorías) a cusa de su religión, orientación sexual, deficiencia, etnia o nacionalidad, etc.  son categorizados como  de crímenes de odio. Estos crímenes han estado presentes a lo largo de la historia, los más conocidos tal vez sean los perpetrados por la Alemania nazi, pero también hay muchos otros como el genocidio que se llevo a cabo en Ruanda, o el linchamiento de negros por parte del Ku Klux Klan en Estados Unidos.

La persecución a los indígenas, principalmente en el Estado de Mato Grosso del Sur, es motivada por odio y preconceptos étnicos y sociales.  Las autoridades internacionales deberían tomar cartas en el asunto,  la historia ya nos ha mostrado como acciones como estas generan una gran cantidad e muertes y destrucción. 



Paramilitares, pistoleros y milicias

La falta de seguridad aumenta el miedo y el temor de las familias indígenas, además de que preocupa a distintos movimientos sociales, activistas y organizaciones que defienden los derechos indígenas, así como también a todos los ciudadanos brasileros que se oponen a que continuo la masacre.

Paramilitares desafían a la justicia y creen que, por el hecho de que las comunidades indígenas se encuentren generalmente en regiones de difícil acceso, pueden criar sus propias leyes, desobedeciendo a la constitución brasilera de 1988, además de una gran cantidad de leyes internacionales que defienden los derechos indígenas, como el artículo 169 de la OIT. Como casi nunca son enjuiciados ni condenados por los crímenes que cometen porque las leyes del estado no llegan a esos lugares, los paramilitares actúan con total tranquilidad, de una forma absurdamente violenta contra las poblaciones indígenas.

Esas milicias rurales muchas veces realizan un exterminio invisible al desaparecer los cuerpos de sus víctimas; jóvenes  indígenas ya han sido secuestrados, al igual que lideres ya han sido torturados.  Esos paramilitares, que actúan en diferentes regiones, se organizan junto a algunos propietarios de tierra que están en conflicto territorial con los indígenas, que reclaman lo que les corresponde por ley. 

El Ministerio Público Federal en Mato Grosso del Sur inicio acciones policiales para que se eviten formaciones de milicia privada financiadas por hacendados. Esta decisión ministerial fue tomada después de que salieran a la luz mensajes en las redes sociales del presidente del Sindicato Rural de Rio Brilhante, Luís Otávio Britto Fernandes, el cual convocaba a productores a participar de la expulsión forzada de indígenas que estén ocupando tierras en el Distrito de Bocajá, a 30 km de Dourados (MS).

La investigación se basa en el articulo 288-a del Código Penal Brasilero, el cual dice: "Construir, organizar, integrar, mantener o financiar organizaciones paramilitares, milicias particulares, grupos o escuadrones con la finalidad de practicar cualquiera de los crímenes previstos en el código penal equivale a recibir una pena de 4 a o 8 años de prisión".


Retomadas, rescate de tierras indígenas robadas y esclavitud

Esos conflictos de tierra son regados con la sangre y las lagrimas que indígenas vienen derramando por mucho tiempo. Las asociaciones de tomadas de tierras indígenas envuelven apenas áreas tradicionales del pueblo, además de que son enteramente pacificas. Familias indígenas, compuestas de ancianos, jóvenes, padres, hijos e madres solo pretenden regresar a sus hogares de donde tiempo atrás fueron expulsados por los mismos hacendados que ahora ocupan dichas tierras. La mayoría de esas acciones son acompañadas por el propio Ministerio de Justicia, responsable por la demarcación de los territorios indígenas, que en algunos casos envuelven hasta indemnización a los hacendados que poseen propiedades en tierras indígenas. Es muy común incluso que algunas áreas en las que los hacendados ya fueron indemnizados, estos sigan codiciando y sigan incentivando el conflicto por seguir  ocupando esas tierras.

La bancada ruralista representa en el Congreso Nacional los intereses del agronegócio, defendiendo la idea de que usar las tierras para generar mayor desenvolvimiento económico es lo más importante. El mayor conflicto es que muchas de esas tierras fueron robadas tanto en la época de la dictadura militar, como en otros periodos históricos. Indígenas fueron expulsados y algunos hasta trabajaron como esclavos en dichas haciendas.

Lo que atrasa esos procesos de reocupación es la demora en la demarcación de tierras, lo cual genera una mayor vulnerabilidad para los indígenas, aumentando considerablemente el riesgo de muerte de los mismos. Ese atraso ocurre principalmente por maniobras políticas de la bancada ruralista. 

Son más de 305 pueblos indígenas en Brasil, entre los cuales los Kariri-Xocó, Terena, Pataxó, Guarani, Kaiowá, Tupinambá, Maxakalí, Nhandevá, Mbyá, Xukuru, Yanomami y muchos otros están sufriendo en sus propios territorios. Las situaciones que estos pueblos enfrentan varían dependiendo principalmente del Estado en el que se encuentran. La gran mayoría de las comunidades sufre con la demora en la demarcación de sus tierras, muchas de las cuales se encuentran en estados donde la violencia está mucho más presente, como en Mato Grosso del Sur.



Por Renata Tupinambá
Traduccion Diego Perez
Redação Yandê

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